Convencido que la justicia es el corazón o el motor principal de un país, la primera autoridad municipal de Santa Cruz de la Sierra solicita al presidente Luis Arce promueva una iniciativa legislativa para convocar a referendo constitucional aprobatorio de reforma judicial y del Ministerio Público. La propuesta fue lanzada este miércoles en la Quinta Municipal en una conferencia de prensa.
“Como es de su conocimiento nuestro ordenamiento jurídico establece en sus artículos 182, 188, 194 y 198 que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional se eligen mediante sufragio universal. Sin embargo, el sistema judicial estatal, se encuentra sumido en una profunda crisis, que en los últimos años ha llegado a ser extrema y estructural, pues al presente no cumple con las funciones trascendentales”, justifica su pedido Fernández en la carta que será remitida a Arce.
El alcalde considera que la justicia, por ahora, no garantiza seguridad jurídica, ni resguarda el Estado Constitucional de Derecho, y mucho menos garantiza un control eficaz y eficiente sobre el ejercicio del poder público.
En su momento, agrega en su carta, se argumentó que con la elección popular se daría legitimidad democrática directa a los jueces y magistrados. Pero, al final los ciudadanos no eligen, sino que votan para aprobar una decisión política tomada en el Órgano Legislativo, pues por 2/3 de votos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) preselecciona a los candidatos.
QUE PRIME LA MERITOCRACIA
Entre otro de los argumentos, Fernández señala que la selección de candidatos no se realiza sobre la base de una comprobación pública y transparente de la idoneidad y probidad de los postulantes, siendo necesario contrarrestar aquello, haciendo prevalecer la meritocracia e independencia del Órgano Judicial y Justicia Constitucional, así como también del Ministerio Público en su noble función de la defensa de la sociedad y rol de dirección de la acción penal pública, como componente de la administración de justicia.
Cita como prueba de la falta de legitimidad y rechazo al proceso de preselección de candidatos antes expuesto, el alto índice de abstencionismo y escaso porcentaje de votos válidos obtenidos en los procesos eleccionarios realizados en los últimos años, cuyos resultados están por debajo del 51% de la votación total a nivel nacional. No obstante, esta irrefutable falta de legitimidad y respaldo ciudadano, los candidatos acceden al cargo público, bastando para ello la obtención de simple mayoría de votos, por previsión constitucional.
El proyectista de esta propuesta de reforma, José Luis Santistevan, secretario de Fortalecimiento Institucional y Autonomía y abogado constitucionalista, afirma que la modalidad de elección adoptada en la Constitución Política del Estado (CPE) no ha dado resultados positivos, al contrario, la administración de justicia se encuentra en un estado lamentable, siendo menester adoptar medidas inmediatas y urgentes que reviertan esta situación.
La propuesta de reforma apunta a implementar un previo concurso de méritos y capacidad profesional de las y los postulantes, calificados con criterios objetivos por parte de instituciones de la sociedad civil y académicas del país.
Los candidatos a magistrados deben ser de destacada trayectoria, que no tengan vínculos político- partidarios, cuenten con experiencia acreditada y conocida por la población; pudiendo participar de este proceso de evaluación, organismos internacionales, en calidad de observadores.
“Dicho concurso debe concluir con la presentación de ternas de los postulantes que hubieran obtenido las más altas calificaciones, a partir de las cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda elegir por votación de 2/3 del total de miembros presentes, a los Magistrados del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscal General del Estado. Proceso que deberá replicarse por analogía, en la elección de vocales, jueces de partido e instrucción de los Tribunales Departamentales de justicia y Fiscales Departamentales, por votación de 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Departamental, previo convocatoria pública y concurso de méritos. Debiendo modificarse los artículos 184, 195, 226 y 227 de nuestra Carta Magna”, puntualiza la propuesta de reforma de Fernández.
No obstante que la Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio y Reforma Parcial a la CPE corresponde a la ALP, Santistevan asegura que el Órgano Ejecutivo cuenta con iniciativa legislativa para impulsar el anteproyecto a través del Ministerio de Justicia y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la asignación de recursos que conlleva la posterior realización de un referéndum aprobatorio, así como por la competencia exclusiva sobre administración de justicia prevista en el artículo 298, parágrafo II, núm. 24 de la Ley Fundamental.
“A objeto de que el pueblo boliviano soberano pueda democráticamente participar en urnas y decidir pronunciándose sobre cada una de las preguntas materia de referendo adjuntas a la presente, pido que por su intermedio (a Luis Arce) se promueva la iniciativa legislativa para convocar a referendo constitucional aprobatorio de Reforma Judicial y del Ministerio Público”, finaliza el documento del alcalde cruceño.
