La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que “solicite al Estado Plurinacional de Bolivia un informe sobre el Proyecto de Ley 305/2023, en actual tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacionalinformes”.
En una carta enviada este 17 de abril a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, recuerdan que de conformidad a sus funciones de promover la observancia de los derechos humanos establecidas en el artículo 41 inciso d de la Convención Americana de Derechos Humanos corresponde a este organismo “pedir explicaciones al Estado boliviano respecto a las medidas que se están tomando para que el referido proyecto de ley guarde compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
En la carta, firmada también por las nueve asociaciones departamentales de periodistas, denuncian que el Artículo 281 del referido proyecto de ley, “desconoce de manera flagrante el Art.107 de la Constitución Política de Estado (CPE) que regula el trabajo de la prensa” y pretende “derogar la vigencia de la Ley de Imprenta eliminando una justicia especial para el juzgamiento de los delitos de prensa y buscando criminalizar las labores periodísticas directamente en la justicia penal”.
Los gremios periodísticos decidieron acudir a todas las instancias internacionales para denunciar el intento del gobierno de penalizar el trabajo de la prensa aduciendo el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, por cuanto “en ningún tratado, convenio o acuerdo, se criminaliza la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos”.
En la solicitud formulada a la CIDH, afirman que “el Proyecto de Ley 305/2023 pone en evidencia la intención de introducir, de manera dolosa, una figura que pretende limitar el trabajo de la prensa, sin mencionar en la exposición de motivos, una sola argumentación jurídica que justifique tal despropósito”.
Advierten que la penalización del trabajo de la prensa “busca establecer un sistema de censura y autocensura para limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa” y denuncian que “no solo atenta contra los derechos constitucionales de la prensa, sino que además violenta los principios elementales de la democracia”.
Pero, además, aseguran que la intención de que sean tribunales ordinarios los que tramiten las denuncias por supuestos delitos de racismo y discriminación contra los trabajadores de la prensa, “nos dejará en la completa indefensión y a merced de operadores de justicia, fuertemente cuestionados por su falta de independencia e idoneidad, extremo que ha sido demostrado y denunciado por estudios e investigaciones nacionales e internacionales”.
